Escrito por: Yerko Hinostroza
A fines de mayo de 2012 puede resultar tedioso, repetitivo y hasta frustrante leer un artículo sobre Conga, proyecto minero que ha puesto sobre las mesas de diálogo y de confrontación directa temas sobre desarrollo, corrupción, ineficiencias del estado, conflicto de intereses y demás. En este artículo pretendo, desde mi análisis como gestor, brindar un marco interpretativo del problema desde una mirada distinta y desarrollar un rol propositivo a partir de la idea de que estos conflictos no se resuelven desde una sola óptica, ya que la forma más adecuada es no generar conflictos y si los hay, debemos generar agendas compartidas en las que los distintos actores involucrados puedan ser conscientes de sus roles y sepan gestionar sus impactos.
Conociendo un poco el conflicto
Para darnos cuenta de la magnitud del conflicto es preciso entender los aspectos principales que son objeto de estudio y debate. El agua es el tema que ha adquirido una mayor relevancia, ya que es el principal insumo para la agricultura y la ganadería, actividades de sustento para las comunidades que pueblan los distritos de Cajamarca y Celendín. Respecto al recurso, la minera Yanacocha ha permanecido fiel a su lema “El agua primero, la mina después”, para cumplir con lo que dicen han previsto una compleja obra de ingeniería que pretende drenar el agua de las cuatro lagunas naturales ubicadas en la zona de explotación hacia cuatro reservorios artificiales construidos por la empresa con el fin de abastecer a la población con una ración de agua mayor a la que tenían.
Respecto al tema se han realizado interesantes estudios que parecen viabilizar el proyecto minero, sin embargo Peter Koing, economista ex miembro del Banco Mundial descarta los intentos de la compañía por viabilizar su proyecto, debido a que la zona de explotación mantiene un equilibrio hídrico que, en caso de ser alterado, se destruiría de forma irreparable. A partir del análisis del destacado economista considero que al permitir la modificación de la naturaleza para que la masa humana pueda tener acceso al agua se da una aparente solución a los efectos a corto plazo, sin embargo, queda una marca irreparable para la naturaleza, ya que se comprometen ecosistemas y recursos no renovables como parte de la flora y la estructura hidrográfica.
Otro tema que reviste relevancia es el estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio pretende aprobar el inicio de la actividad minera siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos por el mismo. Inicialmente, el ex gerente de Yanacocha Ramírez Delpino conformaba parte del equipo que revisaba el mencionado estudio, lo cual llevaba a cuestionar la imparcialidad del mismo, pasados los días este personaje pidió su abstención al proceso y delegó su función a una subalterna.
El IEA ha despejado un poco más el debate en torno al conflicto, ya que ha planteado propuestas, ha dejado temas como la gestión del agua, las garantías de control ambiental, los puestos de trabajo, la movilidad social y demás. El EIA y el Dictamen Pericial son las herramientas de análisis que tiene el gobierno y la población de cara al conflicto, de ahí su relevancia.
Otro tema que preocupa es el de la posibilidad de que una vez iniciado el proyecto se permita la entrada a otros proyectos que la empresa china Lumina Cooper S.A.C. y la compañía británica Anglo American tienen en cartera. De darse la apertura a los proyectos mineros la cuenca se convertiría en un distrito minero que traería consigo graves daños al ecosistema, entonces la lucha respecto al tema es buscar un zonificación ecológica y económica que establezca la zonas que deben ser explotadas.
Temas que deben revisarse de cara a la implementación del proyecto
Para la implementación del proyecto minero hay un tramo que dista mucho de ser un sendero de rosas, ya que cada vez más se vuelven ácidas las relaciones entre la empresa y la población, esto debido al pasado negativo de Yanacocha, lo cual ha generado un ambiente de desconfianza y repudio. Toda la carga emocional que poseen los pobladores no puede ser calmada con un informe y campañas conciliadoras, este es un espacio para el desarrollo de una gestión social.
Otro tema para criticar es la forma en la que el gobierno ha abordado el conflicto. A lo largo de la historia de los conflictos sociales que parten de la intrusión de la empresa para aprovechar los recursos naturales el gobierno no ha hecho más que alimentar el populismo y fortalecer los cacicazgos políticos rurales, ha demostrado que la negociación política no transforma los conflictos si no que refuerza la dependencia de sus líderes hacia los beneficios que las instancias gubernamentales les conceden.
El peritaje debe ser respetado y sus términos respetados por el Estado, el órgano supremo no debe pedirle a la empresa menos de lo que se establece, ya que a partir de ello empieza a generar confianza en la población y realmente se convierte en juez de su propio patrimonio.
Dos miradas que se encuentran
El 2006 el Centro de Análisis y Resolución de conflictos PUCP realizó 43 entrevistas en los caseríos de los distritos de Sorochuco, Huasmín y la Encañada. Los resultados de las entrevistas dieron a conocer que hay una posición de aceptación condicionada al Proyecto, se acepta si es que se controlan los impactos ambientales, se respetan las fuentes hídricas y si se genera empleo. Luego de 6 años las preocupaciones por
el agua siguen atentes y por mejores trabajos de relaciones comunitarias que se realice no cesarán.
Lo que está de trasfondo es cómo entienden los actores el desarrollo y cuáles son los medios para alcanzarlo. Por un lado aparece el Estado que explícitamente considera a la actividad minera como parte del camino para el desarrollo del país y por ello puede aceptar que se modifique la geografía de la zona y se experimente con los recursos hídricos y ojalá tengan buena suerte. Por otro lado están los sectores de la población cajamarquina que no aceptan la minería en las cabeceras de las cuencas ni que se destruyan las fuentes naturales de agua.
Creo que hay un objetivo común que se persigue con proyectos de inversión, intervención estatal y participación de la sociedad civil, todos quieren generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los actores que se beneficiarían directa e indirectamente. El diálogo para formular líneas de trabajo es vital y es el espacio en el que la gestión social, que conoce más a la población, y la gestión pública, que legitima cualquier intervención, deben encontrarse.
Hacia una agenda compartida
Se habla bastante sobre la gestión de los impactos ambientales, de los impactos sociales y los impactos en la gobernanza. Cada decisión que se tome genera impactos que deben ser orientados a que cada sector social obtenga un beneficio, por esta razón es necesario orientar los esfuerzos de la empresa, el Estado y la sociedad civil a la construcción de una agenda compartida. Si realmente apuntamos a un cambio sostenible, el rol que cumple la empresa, el aparato estatal y la sociedad civil deben modificarse, debe haber un cambio de paradigmas que les permita trabajar en conjunto. La empresa podría incorporar dentro del proyecto a los pobladores de modo que sean socios estratégicos del mismo y orientar sus esfuerzos de modo que haya un mínimo de impacto ambiental que pueda ser gestionado
Por el lado del Estado debe cambiar la forma en la que gestiona los conflictos, debe ayudar a que se reconstruyan las relaciones entre la empresa y la población de modo que canalice sus recursos y esfuerzos en procesos de desarrollo de mutuo beneficio.
Lecciones de un conflicto
Con el peritaje se marca un antes y un después en la gestión gubernamental de los conflictos, el Estado toma un rol que antes no asumía con total responsabilidad, esta vez es juez que pone las reglas claras a la empresa. Conga si va, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por los EIA. Respecto a los impactos ambientales muchos especialistas, entre ellos Koing, afirman sólidamente que serán irreversibles, espero cruzando los dedos que estén equivocados.
Solo se resuelven los conflictos trabajando con agendas compartidas y cuestionando los roles que comúnmente tiene cada sector de la sociedad. Esto último debe entenderse y asimilarse progresivamente, ya que son nuevos espacios no desarrollados en los que los gestores están invitados a participar y generar el cambio en el país. Cada gestor, desde su esfera debe repensar los paradigmas de su campo de acción, incorporar nuevas prácticas y aprender de las experiencias.
