Escrito por: Antony Córdova
El pasado 9 de mayo el Poder Ejecutivo solicitó facultades al Congreso para realizar modificaciones pertinentes en materia tributaria y aduanera con carácter de urgencia. Bajo esta intención, se argumentaba la modificación del código tributario en relación a exoneraciones, procesos de fiscalización, cobranza y temas relacionados a regímenes y sanciones. Frente a esto, y tal como lo mencionó la Cámara de Comercio de Lima, es necesario cuestionarse el porqué de estas medidas a tomarse de manera exclusiva y no consensuada debido a que se corre el riesgo de tratar de cambiar y trazar un nuevo rumbo o quizás muy distinto al anterior en materia tributaria sin haber realmente arreglado problemas que requieren evaluación y más detalle.
“Actualmente, se están aplicando impuesto a la renta a personas naturales con ingresos mayores a los S/.1825. De esto, más de tres millones de empleados se encuentran exentos de pagar impuesto a la renta.”
Días posteriores salió a la luz una propuesta que implicaba aplicar el impuesto a la renta a personas naturales que percibían un ingreso a los mil nuevos soles. Las críticas frente a esta propuesta no se hicieron esperar, especialmente por el mencionado gremio en líneas anteriores. Asimismo, el ministro de economía Luis Castilla descartó la posibilidad de ejecutar tal medida.
Estos dimes y diretes ponen en claro la existencia de ciertas actitudes discrecionales por parte de las autoridades, sumando la descoordinación y una falta clara de consenso con el cuerpo técnico.
Como consecuencia, los efectos son los ya conocidos: imposibilidad para desarrollar políticas uniformes, claras y sustentables, así como la desestabilización de una poca fortalecida institucionalidad económica que el país ha logrado construir durante esta última década.
En cuanto a este tipo de temas como el tributario, constituye una de las razones principales que propician al Perú a ser un país atractivo frente a la inversión privada y en muchos casos hasta el paraíso debido a los recursos que este posee. Por un lado, durante los últimos 15 años, el Perú ha tenido una presión tributaria promedio del 15{82a5fdf97087ea38bf007975acd4e3b75849bed844b429893e97f51aee4a32bb} del PBI lo cual es similar a la situación de los países con ingresos bajos. Por otra parte, los países clasificados con ingresos medios poseen una presión tributaria promedio del 20{82a5fdf97087ea38bf007975acd4e3b75849bed844b429893e97f51aee4a32bb} del PBI y los países con ingresos altos bordean el 25{82a5fdf97087ea38bf007975acd4e3b75849bed844b429893e97f51aee4a32bb} del PBI.
Por otro lado, aproximadamente el 55{82a5fdf97087ea38bf007975acd4e3b75849bed844b429893e97f51aee4a32bb} de los ingresos tributarios en nuestro país provienen principalmente de los impuestos indirectos, los cuales están relacionados con el IGV, y que a su vez, inclusive, posee la mayor tasa de evasión tributaria. A esto, se le añade una serie de beneficios como las deducciones automáticas, diferimientos, depreciación acelerada, entre otros que muchas veces se prestan para incrementar las posibilidades de una evasión tributaria elegante y moderada.
El mencionado ministro de economía anunció que dentro de los próximos dos años se esperan inversiones por más de treinta mil millones de dólares dentro de los cincuenta mil millones de dólares que se esperan realizar hasta el año 2016. Esto en relación a proyectos mineros y de hidrocarburos los cuales actualmente representan el 50{82a5fdf97087ea38bf007975acd4e3b75849bed844b429893e97f51aee4a32bb} de los flujos de inversión extranjera en el país.
No obstante, posteriores beneficios no van a poder ser canalizados adecuadamente si es que persiste un Estado institucionalmente débil que no pueda contar con las capacidades suficientes para poder otorgar a sus ciudadanos lo que ellos demanden. Entre estas demandas principales encontramos la seguridad social, salud y educación de calidad, así como el amparo de sus derechos.
Asimismo, ante la limitada capacidad para obtener recursos, en aras de mejorar los ingresos al fisco para poder satisfacer adecuadamente las demandas de todos los ciudadanos, el reto se vuelve mayor .
Esto no puede ser simplemente resuelto mediante la creación de nuevos impuestos ya que puede distorsionar la economía de los propios individuos, especialmente en las personas que perciben menos ingresos.
Medidas como el incremento de la tasa impositiva diferenciada por la capacidad contributiva así como la reducción progresiva del IGV junto con incentivos o sanciones para hacer frente a la evasión tributaria de la mano con la formalización de la actividad económica son uno de los grandes desafíos que tiene el MEF junto con la SUNAT.
Además, hay que tener en cuenta que no basta con contar con una serie de ingresos, que, en muchos casos, pueden ser más que suficientes. De manera paralela, recae la necesidad de tomar mucha atención a los gastos innecesarios, así como los desorientados. Estos por lo general, responden a ciertos intereses de grupo con gran capacidad de influencia dentro de las esferas de gobierno. Consecuencia de ello, se pone en desmedro y cuestión, la capacidad de gasto e inversión del Estado y que, en muchos casos, este es acusado inequívocamente en base a deficiencias en cuanto a cuestiones tributarias.
Considerando lo anterior, dichas medidas favorecerán significativamente a incrementar los niveles de gasto e inversión pública. Esto permitirá elevar la calidad de los servicios públicos, mejorar los niveles de productividad, competitividad y gestión, logrando así impactos importantes en el desarrollo social y económico de los ciudadanos quienes son los que más exigen y por ellos así como un Estado fuerte y eficiente.
Y un dato más. Al previo lanzamiento de este articulo a la web, el día 31 de mayo se le otorgó al Ejecutivo las facultades mencionadas en un inicio. Lo único que se puede decir por el momento es “seamos optimistas”.
